Detienen al exgobernador Ernesto Ruffo Appel; enfrenta investigación por presunto contrabando de combustible

 

El histórico primer gobernador de oposición en México fue capturado en Ensenada y puesto a disposición de la FGR; un juez definirá en las próximas horas su situación legal.

ENSENADA, Baja California. El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido este miércoles por autoridades federales en el municipio de Ensenada, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como "huachicol fiscal".

Luego de su captura, el exmandatario estatal fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicadas en la Zona Río de Tijuana, donde permanecerá mientras avanzan las diligencias correspondientes dentro del proceso judicial.

Las indagatorias federales apuntan a una empresa fundada por Ruffo Appel, la cual es investigada por su presunta participación en operaciones de contrabando de combustible. En ocasiones anteriores, el exgobernador ha rechazado cualquier responsabilidad en los hechos y ha sostenido que su intervención dentro de la compañía se limitó a la de accionista minoritario.

Ernesto Ruffo Appel ocupa un lugar relevante en la historia política de México al haber sido elegido en 1989 como gobernador de Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), convirtiéndose en el primer mandatario estatal de oposición en el país tras décadas de gobiernos del PRI.

Se espera que en las próximas horas un juez determine la situación jurídica del exgobernador, mientras las autoridades federales continúan con la integración de la carpeta de investigación y se dan a conocer más detalles sobre el caso.

Tamaulipas refuerza estrategia de Bienestar tras reunión nacional con delegados del país

 

Luis Lauro Reyes Rodríguez participó junto con representantes de las 32 entidades para revisar avances, compartir experiencias y fortalecer la atención territorial de los programas sociales.

Ciudad de México. Con el propósito de fortalecer la coordinación de los Programas para el Bienestar, el delegado federal en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, participó en el Encuentro Nacional de Bienestar, encabezado por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, junto con delegados de las 32 entidades y coordinadores de los programas sociales.

El representante de Tamaulipas asistió acompañado por las y los ocho coordinadores regionales de la entidad, quienes participaron en mesas de trabajo para compartir experiencias, evaluar resultados y reforzar las acciones que se realizan en las comunidades.

Durante la jornada también estuvieron presentes el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, y el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, quienes dialogaron con las delegaciones estatales sobre los desafíos para fortalecer la atención a la población.

En el encuentro se revisaron los avances de los Programas para el Bienestar y se definieron estrategias para fortalecer la coordinación institucional, con el objetivo de mantener la entrega directa y oportuna de los apoyos a la ciudadanía.

En su mensaje, la secretaria Leticia Ramírez Amaya destacó que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene como prioridad una política social basada en el trabajo cercano con la ciudadanía, el humanismo y la justicia social. Asimismo, señaló que la presencia permanente de las y los servidores públicos en las comunidades fortalece la atención a la población.

Luis Lauro Reyes Rodríguez afirmó que la Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas mantendrá el trabajo coordinado con el Gobierno de México para fortalecer la atención en territorio y mejorar la operación de los programas sociales en favor de la población.

Aclaran proceso de credencialización para adultos mayores; entrega tardará hasta dos meses

 

El delegado Luis Lauro Reyes Rodríguez señaló que el programa se encuentra en la etapa de recepción de documentos y pidió paciencia a los beneficiarios ante las dudas por los tiempos de espera.

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas. – Ante las recientes inquietudes y la controversia manifestada por adultos mayores respecto a las demoras en la emisión de sus credenciales de beneficio social, el delegado de Programas Federales, Luis Lauro Reyes Rodríguez, aclaró el funcionamiento del sistema de registro y detalló los tiempos estimados para la distribución de los plásticos.

Abordado por los medios de comunicación al concluir la habitual ceremonia de honores a la bandera de este lunes, el funcionario explicó que las oficinas gubernamentales no se encuentran actualmente en una fase de distribución inmediata, sino en un periodo indispensable de validación interna.

"Estamos en la etapa de recepción de documentos y de datos personales de cada uno de ellos", precisó Reyes Rodríguez, con el objetivo de desmentir que el proceso se encuentre detenido.

De acuerdo con el desglose presentado por el delegado, este filtro administrativo y de captura requiere un margen de procesamiento que oscila entre un mes y medio y dos meses. Una vez que concluya la verificación masiva de la información en las plataformas oficiales, la dependencia activará un llamado general para que las personas de la tercera edad acudan ordenadamente a recoger su documentación oficial.

Con estas precisiones, las autoridades buscan brindar certidumbre a la población vulnerable que ha reportado esperas prolongadas en los centros de atención, garantizando que sus trámites avanzan de manera regular dentro de los plazos técnicos establecidos por la federación.

Suprema Corte blinda a Samuel García de la destitución, pero permite que avance el juicio político en su contra

 

La suspensión del máximo tribunal congela cualquier sanción definitiva contra el gobernador de Nuevo León mientras se resuelve el fondo de la controversia constitucional.

MONTERREY, NL. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al gobernador Samuel García Sepúlveda. Esta medida frena de manera temporal cualquier destitución o inhabilitación derivada del juicio político que enfrenta en el Congreso local, aunque permite que el proceso legislativo siga su curso.

La resolución (controversia constitucional 386/2026, notificada el 13 de julio) aclara que el Congreso puede continuar desahogando las etapas procesales, pero prohíbe ejecutar cualquier sanción definitiva hasta que los ministros resuelvan el fondo del asunto. La SCJN argumentó que separar del cargo a un funcionario de elección popular de forma anticipada causaría daños irreparables a la gobernabilidad del estado, al ser tiempo en funciones irrecuperable.

El juicio, impulsado por la Comisión Anticorrupción local tras una denuncia de Morena, señala supuestas violaciones constitucionales e irregularidades financieras. En respuesta, la defensa del Ejecutivo estatal sostiene que la acusación carece de sustento sólido y se basa mayormente en notas periodísticas.

Ricardo Tamez, asesor legal del Congreso, precisó que esta suspensión difiere de amparos federales previos: ahora, el Legislativo y el Tribunal Superior de Justicia estatal sí están facultados para dictar una resolución final, quedando congelada únicamente la aplicación de la sanción. Tras el fallo, Samuel García celebró la protección constitucional en sus redes sociales.

Autoridades migratorias de EE. UU. frenan detenciones vehiculares directas tras decesos en Texas y Maine

 

La nueva directriz obliga a los agentes federales a coordinarse con corporaciones locales para ejecutar arrestos bajo orden judicial.

WASHINGTON. – En un ajuste a sus protocolos de captura, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó suspender de manera inmediata el uso de controles de tráfico y retenes viales en sus operativos. La resolución institucional se produce tras el fallecimiento de dos ciudadanos latinoamericanos durante intervenciones de agentes federales en los estados de Texas y Maine.

Esta modificación operativa altera la dinámica de detenciones vinculada a la estrategia de deportaciones impulsada por la administración del presidente Donald Trump. A partir de esta instrucción, el personal adscrito a la división de Operaciones de Control y Deportación (ERO) tendrá la obligación de apoyarse en los cuerpos de policía locales para concretar arrestos derivados exclusivamente de mandatos judiciales.

El cambio de directrices responde a las muertes del colombiano Joan Sebastián Guerrero (26 años) en Maine, y del mexicano Lorenzo Salgado Araujo (52 años) en Houston, Texas. Ambos decesos encendieron las alarmas sobre el riesgo de las persecuciones en vías públicas.

Cuestionado por The Independent, un portavoz de ICE evitó detallar las modificaciones y se limitó a señalar que evalúan constantemente sus protocolos para proteger a sus oficiales y retirar delincuentes de las calles, sin revelar tácticas de fuerza pública.

La medida coincide con un fuerte escrutinio hacia el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aunque la narrativa oficial suele alegar intentos de atropellamiento para justificar el uso de la fuerza, diversos testimonios contradicen esta versión en cerca de 20 tiroteos recientes donde los agentes dispararon contra personas dentro de sus vehículos.

Sheinbaum descarta privilegios en caso Tania Flores y advierte posible matiz político

 

Tras la captura de la exalcaldesa de Múzquiz, la presidenta de México ratificó la política de cero impunidad, aunque pidió cautela ante potenciales intereses partidistas en el proceso.

CIUDAD DE MÉXICO. – En el marco de su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la administración federal no otorgará protección ni concesiones a ningún servidor o exservidor público que se encuentre bajo investigación legal. El pronunciamiento de la mandataria surge tras ser cuestionada sobre la reciente detención de Tania Flores Guerra, quien se desempeñó como alcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que la línea rectora de su gobierno es el combate absoluto a la corrupción, por lo cual el actuar de las autoridades judiciales debe regirse de forma estricta por la ley y el análisis de pruebas contundentes. No obstante, introdujo un matiz de prudencia al señalar que este tipo de procedimientos en ocasiones suelen verse acompañados o impulsados por intenciones de carácter político, dada la naturaleza de los actores involucrados.

Por ello, Sheinbaum Pardo evitó profundizar en los detalles específicos de las acusaciones contra Flores Guerra. Argumentó que la delimitación de responsabilidades competen de forma exclusiva a las fiscalías y a los jueces asignados al caso, quienes determinarán el rumbo jurídico del asunto a medida que avancen las indagatorias oficiales.

Para finalizar, la presidenta reiteró el compromiso de su gestión de no instrumentalizar los organismos de procuración de justicia con fines de persecución hacia adversarios políticos. En ese sentido, insistió en que el respeto al debido proceso y el sustento probatorio sólido deben ser los únicos pilares que definan el éxito y la legitimidad de cualquier investigación en el país.

Estrategia nacional de seguridad debilita estructuras criminales y reduce homicidios a su nivel más bajo en 11 años

 

El secretario Omar García Harfuch reportó la destrucción de más de 2,600 laboratorios clandestinos y golpes clave contra el crimen organizado en Sinaloa, Veracruz y Morelos.

CIUDAD DE MÉXICO. – El Gabinete de Seguridad presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad, destacando la desarticulación de redes delictivas en zonas de alta conflictividad y el desmantelamiento acumulado de 2,627 laboratorios de metanfetaminas.

Durante el informe, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalló la neutralización de una célula de "Los Chapitos" en Culiacán, Sinaloa, donde fue abatido su líder, "El Texas". Asimismo, en Veracruz se confirmó la captura de integrantes del "Grupo Sombra" y de cuatro policías municipales implicados en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

Por otra parte, la implementación del "Plan Cuautla" en Morelos permitió detener a los principales extorsionadores de la región. En el balance nacional, el despliegue federal y la Semar sumaron el decomiso de 31,366 armas de fuego, cinco toneladas de cocaína y cerca de 499 toneladas de otras drogas.

Estas acciones consolidaron una baja del 48% en el promedio diario de homicidios dolosos en junio de 2026 en comparación con septiembre de 2024, posicionándolo como el junio con menor incidencia de este delito en 11 años. Finalmente, se reportaron reducciones en secuestros (-26.6%) y robo de vehículos (-22.9%).