Por: 𝒢𝒶𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝑜 𝒯𝒾𝓃𝓉𝒶
Hay frases diplomáticas que suenan impecables en el papel, pero que pierden brillo cuando se contrastan con la historia. La reciente declaración del embajador estadounidense Ronald Johnson, quien pidió evitar la politización de la lucha contra el crimen organizado y privilegiar la cooperación entre México y Estados Unidos, pertenece precisamente a esa categoría. Nadie podría oponerse, en teoría, a la cooperación entre naciones vecinas. El problema surge cuando una de ellas lleva décadas creyendo que cooperar significa señalar, presionar, condicionar y, en ocasiones, intervenir.
Resulta curioso que hoy se nos pida moderación en el lenguaje cuando, durante años, diversos sectores políticos y de seguridad estadounidenses han convertido a México en tema recurrente de campañas electorales, discursos partidistas y estrategias geopolíticas. Ahora parece que cuestionar esa conducta es considerado una ofensa diplomática. Como si la soberanía tuviera que ejercerse en voz baja para no incomodar a quienes históricamente han hablado demasiado fuerte.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al reiterar que México no aceptará injerencias en sus asuntos internos. No se trata de una postura novedosa ni radical. Es, en realidad, un principio básico del derecho internacional. Ningún país que se respete puede aceptar que decisiones políticas, investigaciones judiciales o procesos democráticos sean condicionados desde el exterior sin generar una legítima preocupación institucional.
La relación entre México y Estados Unidos es compleja porque está construida sobre una profunda interdependencia económica, comercial y social. Sin embargo, esa realidad no elimina las asimetrías históricas. Durante décadas, millones de mexicanos aportaron mano de obra que fortaleció sectores enteros de la economía estadounidense mientras las ganancias más significativas permanecían concentradas en los grandes centros financieros y corporativos del norte. La integración económica benefició a ambos países, pero no siempre en condiciones de igualdad.
Por eso llama la atención que ciertos actores políticos estadounidenses insistan en presentar a México exclusivamente como origen de los problemas relacionados con el narcotráfico. Esa narrativa ignora una verdad incómoda: el fenómeno criminal es binacional. Los cárteles existen porque hay demanda de drogas, flujo de dinero ilícito y tráfico de armas. Ninguno de esos elementos puede explicarse únicamente desde territorio mexicano.
De acuerdo con diversos informes oficiales estadounidenses, una parte significativa de las armas utilizadas por organizaciones criminales en México proviene del mercado norteamericano. Asimismo, las autoridades de ambos países han reconocido durante años que el consumo de drogas en Estados Unidos constituye uno de los principales motores financieros del crimen organizado transnacional. Son hechos ampliamente documentados que obligan a una visión más equilibrada del problema.
Sin embargo, cada vez que México exige corresponsabilidad, aparecen voces que interpretan el reclamo como un acto de confrontación. La paradoja es evidente: se pide cooperación, pero se incomoda la exigencia de responsabilidad compartida.
Tampoco ayuda el endurecimiento de ciertas políticas migratorias que, en distintos momentos, han colocado a miles de personas en situaciones de vulnerabilidad. Las imágenes de redadas, deportaciones masivas y discursos que criminalizan a comunidades enteras han dejado una huella profunda en América Latina. La seguridad fronteriza es un derecho soberano de cualquier nación, pero convertir al migrante en enemigo político suele ser una estrategia electoral más rentable que efectiva.
Lo que parece estar ocurriendo en México es algo que trasciende coyunturas partidistas. Existe una creciente conciencia nacional sobre la necesidad de defender espacios de decisión propios. No significa romper con Estados Unidos ni desconocer la importancia estratégica de la relación bilateral. Significa algo mucho más sencillo: establecer una relación entre socios y no entre tutores y tutelados.
Porque la cooperación auténtica no se construye mediante advertencias públicas, insinuaciones políticas o sospechas selectivas. Se construye desde el respeto mutuo. Y el respeto comienza por reconocer que México tiene instituciones, ciudadanía, procesos democráticos y capacidad para definir su rumbo.
Quizá por eso algunas declaraciones generan incomodidad. Porque México ya no es el país que aceptaba silenciosamente cualquier narrativa proveniente del exterior. Es una nación que discute, cuestiona y responde. Una nación que entiende que la amistad entre países no implica subordinación.
Al final, la pregunta no es si debe politizarse o no la lucha contra el crimen organizado. La verdadera pregunta es si quienes hoy piden prudencia diplomática están dispuestos a aplicar ese mismo criterio cuando hablan de México desde Washington.
Porque la soberanía no es una concesión extranjera. Es un derecho. Y los derechos, por definición, no se solicitan con permiso.
