El coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Santiago Carranco, y el doctor en sociología política, Franklin Ramírez, coincide, además, en que la irrupción de fuerzas policiacas a la sede diplomática de México tendrá un “alto costo”
BOGOTÁ (proceso.com.mx).-El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta un generalizado rechazo político interno por el asalto que ordenó a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, pero cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la “bendición” de Estados Unidos, afirman académicos ecuatorianos consultados por Proceso.
El coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Santiago Carranco, y el doctor en sociología política, Franklin Ramírez, coincide, además, en que la irrupción de fuerzas policiacas a la sede diplomática de México tendrá un “alto costo” para el gobierno de Noboa y para el país.
“Las repercusiones internacionales van a afectar a Ecuador en el mediano y en el largo plazo y, sin duda, se va a producir un aislamiento diplomático porque todos los países y organismos están condenando ese asalto, que es claramente violatorio de la Convención de Viena”, dice Carranco.
De acuerdo con el académico, a nivel interno se aprecia también “un rechazo” al operativo policiaco contra la Embajada mexicana, en particular en los círculos políticos, académicos y entre la opinión pública ilustrada, aunque Noboa tiene el respaldo de los militares y de la ultraderecha local, que es profundamente anticorreísta (Glas es muy cercano al exmandatario izquierdista Rafael Correa).
Para Franklin Ramírez, quien es profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Ecuador, es probable que el repudio de la comunidad internacional a la irrupción policiaca en la sede diplomática mexicana le tenga sin cuidado a Noboa.
“Fuera de la relación con los Estados Unidos, a él no le importa nada más”, asegura el académico.
Y dice que es “muy poco probable” que la decisión de Noboa de asaltar la sede diplomática mexicana para aprehender a Glas no haya sido consultada, “al menos, con la Embajada de Estados Unidos” en Ecuador.
Si bien el Departamento de Estado estadounidense condenó la irrupción en la Embajada de México en Quito, lo hizo en términos muy genéricos y cuidadosos, sin mencionar al gobierno de Noboa.
“Estados Unidos – indicó el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller-- condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y toma muy en serio la obligación de los países anfitriones según el derecho internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.
Agregó que “México y Ecuador son socios cruciales de Estados Unidos” y alentó a ambas naciones a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales.
El profesor Carranco sostiene que este fue “un pronunciamiento bastante light” y considera que “si algo así hubiera pasado, por ejemplo, en Venezuela, hubiéramos visto una respuesta extremadamente contundente”. También cree que es posible que la decisión de asaltar la Embajada haya sido consultada con Estados Unidos antes de ejecutarla.
Franklin Ramírez señala que, más allá de la posición pública del Departamento de Estado, “hay una relación de cercanía enorme” entre Washington y el gobierno de Ecuador y existe “una línea de subordinación y sometimiento” de Noboa a Estados Unidos, que es un actor clave en la guerra que libra el presidente ecuatoriano contra los grupos del narcotráfico.
La primera visita externa que recibió Noboa tras declarar un “estado de conflicto armado interno” el pasado 9 de enero, fue la de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, con quien acordó un plan que incluye la presencia de personal militar y “contratistas” estadounidenses en territorio ecuatoriano a fin de combatir al narcotráfico.
La experta colombiana en política de drogas y doctora en ciencias sociales de la UNAM, Estefanía Ciro, considera que, de esa forma, Noboa “formalizó un mecanismo para la intervención directa de Estados Unidos” en Ecuador en momentos en que Washington observa con preocupación la creciente presencia de China en la región a través de las inversiones y el comercio.
Un gobierno inexperto de alma empresarial
Noboa nació en Miami, Florida, hace 36 años; tiene la nacionalidad estadounidense, además de la ecuatoriana, y fue formado académicamente en Estados Unidos.
El joven presidente, quien es hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, el hombre más rico del Ecuador, es empresario desde los 18 años y su experiencia política es escasa. Apenas en 2021 se convirtió en asambleísta y decidió lanzarse a la presidencia en las elecciones anticipadas del año pasado.
Al igual que el presidente, su canciller, Gabriela Sommerfeld, viene del mundo empresarial. Fue presidenta la desaparecida aerolínea Aerogal, propiedad de su familia, y ha sido directora de varias compañías de los sectores turístico, energético y de aviación.
Como canciller, esta licenciada en finanzas de la Universidad San Francisco de Quito y maestra en administración de empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México, ha tratado de compensar su inexperiencia en relaciones exteriores rodeándose de experimentados diplomáticos ecuatorianos ya retirados.
En círculos diplomáticos de Quito se comenta que los asesores de la canciller tienen un pronunciado sesgo anticorreísta pues en la mayoría de los casos fueron desplazados de posiciones diplomáticas de primer nivel durante los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017).
“Esos asesores, que están muy ideologizados, fueron los que convencieron a la canciller de que el asalto a la Embajada mexicana para capturar a Jorge Glas (ex exvicepresidente de Correa) podría justificarse invocando a la Convención de Caracas sobre asilo, lo que fue una gran torpeza que ningún país ha secundado; por el contrario, la condena ha sido unánime”, dice a Proceso una fuente diplomática.
Lo cierto es que la cancillería ecuatoriana ha insistido en que, de acuerdo con la Convención de Caracas, “no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes”, con lo cual busca justificar el asalto del pasado viernes a la Embajada mexicana para detener a Glas.
Con ese argumento, “hicieron creer al presidente (Noboa) que la comunidad internacional respaldaría el allanamiento, pero el resultado fue diametralmente opuesto a esa ingenua presunción guiada por el anticorreísmo de la gente que rodea a la canciller”, señala la fuente consultada.
El profesor Santiago Carranco, doctor en estudios internacional de la Flacso, sostiene que el gobierno de Noboa “no puede justificar legalmente lo que hizo, que fue violar un inmueble diplomático, y eso lo ha dejado muy claro la unánime reacción de condena de la comunidad internacional”.
El asalto a la Embajada de México, además, “nos pone a todos los ecuatorianos en una posición bastante complicada, porque si vemos que la fuerza pública puede entrar de esa manera a una sede diplomática, en un acto violatorio del derecho internacional, ¿qué nos puede esperar a nosotros como ciudadanos?”, asegura Carranco.
Y afirma que no es la primera vez que Noboa muestra un “autoritarismo un tanto criollo” que ha minado su popularidad, la cual alcanzó muy altos niveles luego de que declaró la guerra a los grupos del narcotráfico en enero pasado.
El presidente ha sido criticado por otorgar títulos de explotación minera a la empresa canadiense Solaris Resource sin importarle la opinión de las comunidades indígenas amazónicas que habitan la zona donde están los yacimientos de cobre, oro y molibdeno que interesan a esa compañía.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, ha acusado a Noboa de tener intereses en la minería a través de las empresas de su familia.
Tras el asalto a la Embajada de México en Quito, la Conaie, la organización social más grande e influyente de Ecuador, emitió un comunicado en el que condenó “enérgicamente” ese acto y en el cual calificó al gobierno de Noboa de “autoritario y fascista”.
El rechazo a ese allanamiento ha sido tan transversal a nivel interno, que hasta Christian Zurita, sucesor político del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio y un fuerte crítico del correísmo de Glas, ha condenado el hecho.
“A esta hora el mundo nos ve como los peores”, escribió en su cuenta de X la noche del viernes, minutos después de producirse el asalto.
A lo Bukele
Franklin Ramírez, doctor en sociología política por la Universidad de Paris VIII, considera que Noboa también está haciendo política interna con el asalto a la Embajada mexicana pues este ocurre a dos semanas de que se realice una consulta popular en la que el presidente busca que los votantes le aprueben un paquete de medidas para reforzar el combate al narcotráfico, entre ellas autorizar la extradición de ecuatorianos.
“Él está enviando una señal de fuerza, porque empezó a bajar en las encuestas y hay sondeos que señan que puede perder en algunas preguntas claves de la consulta. Entonces le entró el nerviosismo y quiere exhibir su poder, el apoyo que tiene de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, y el mensaje es que puede gobernar más allá de la ley y de los marcos jurídicos internacionales”, afirma Ramírez.
Noboa, asegura el investigador de la Flacso, “está adquiriendo una tonalidad a lo Bukele (el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que es acusado por la oposición de su país de populista)”.
De acuerdo con el sociólogo, Noboa sigue teniendo una alta popularidad pero cada día aumenta más su desfavorabilidad en los sondeos “por esos gestos que lo llevan a exhibirse como un niño rico y caprichoso al que no le importa nada, que no tiene límites”.
Dice que no solo ha mostrado un desdén por Latinoamérica, por sus vecinos, sino que “hay en él una prepotencia, una arrogancia, una falta de conocimiento de la ética pública, de las normas del sistema internacional y del estado de derecho”.
Ramírez cree que el presidente ecuatoriano “se embriagó de poder y de prepotencia” cuando aumentó su popularidad luego de declarar la guerra al narcotráfico, en enero pasado, pero ahora que su imagen ha descendido “quiere demostrar todo su poder, su alineamiento con los militares, con Estados Unidos…”.
