Por: 𝒢𝒶𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝑜 𝒯𝒾𝓃𝓉𝒶
La política de alto nivel suele perdonar el pragmatismo, pero rara vez la imprudencia que compromete el relato colectivo. Tras 112 días de una licencia marcada por el escrutinio internacional y la sombra de investigaciones judiciales, el anuncio del regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa pretendía ser un carpetazo institucional. Sin embargo, en el tablero de la capital, el movimiento fue recibido con una frialdad matemática que raya en el repudio formal.
El argumento esgrimido por el mandatario estatal para fundamentar su retorno se sostiene sobre un matiz delicado: la ausencia de elementos probatorios inmediatos en la Fiscalía General de la República (FGR) derivados de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero en la praxis política, no ser imputado formalmente no equivale a una exoneración política, y mucho menos a un salvoconducto de gobernabilidad.
La reacción de la cúpula oficialista fue tan inmediata como coordinada. La Secretaría de Gobernación tomó distancia mediante un comunicado cuyo subtexto resulta devastador: calificar la reincorporación como una "determinación de carácter estrictamente personal" implica deslindar al Ejecutivo federal de los costos de esta decisión. A la par, el señalamiento explícito de que la FGR mantiene abiertas las carpetas de investigación sobre diez personas involucradas en las indagatorias estadounidenses dejó en claro que la carpeta no está cerrada, solo pausada en el debate público.
Por su parte, el deslinde del aparato partidista no fue menor. La dirigencia de Morena, con la secretaría general Citlalli Hernández a la cabeza, advirtió no haber sido consultada ni notificada previa a la decisión. El mensaje implícito es evidente: la marca del movimiento no actuará como escudo protector frente a un costo político innecesario. Cuando el coordinador de los diputados oficialistas, Ricardo Monreal Ávila, apela públicamente a la "reconsideración" para evitar afectaciones a la gobernabilidad y a la compleja relación bilateral con Washington, la fisura deja de ser un rumor para convertirse en una postura oficial de bancada.
Sinaloa no requiere certezas individuales, sino estabilidad institucional. El distanciamiento de la Segob y del partido hegemónico demuestra que, en la balanza del poder, la defensa de un liderazgo local tiene un límite claro: aquél donde empieza el riesgo reputacional del proyecto federal. El regreso a Culiacán podrá haberse concretado en el papel constitucional, pero en los hechos, la soledad política con la que se firma este retorno sugiere que la verdadera batalla por la gobernabilidad penas comienza.
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